ACATAR LAS LEYES

Al mismo tiempo que en la sede de NNUU en Nueva York se esta celebrando la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, aquí en Granada, hemos conocido un caso de violencia de género en el que el agresor es un concejal del GIO de Otura.
En la Convención de NN UU, países y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, debaten sobre los avances en el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres y se ha destacado especialmente los logros alcanzados en relación a la conciencia social sobre la violencia contra las mujeres y en la acción institucional contra este fenómeno, en relación a la cual España ejerce de referencia internacional debido a su muy bien valorada Ley Integral contra la Violencia de Género.
La respuesta unánime de la sociedad española contra la violencia de género tuvo su reflejo en la unanimidad parlamentaria que la hizo posible en el año 2004.Lo más importante de la Ley es que convirtió a la violencia de género en un asunto de Estado, por tanto público, de todos y de todas, lo sacó, está intentando sacarlo, del silencio de las relaciones privadas.
La ley, en este caso, ha funcionado a la perfección .Una víctima pone una denuncia por malos tratos e inmediatamente se la protege del presunto agresor. Se ha aplicado una medida cautelar de protección prevista y que tantas vidas de mujeres está salvando. El presunto agresor fue detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad tras su puesta a disposición judicial. Posteriormente se celebra un juicio rápido y se produce un acto de conformidad entre las partes en la que el denunciado admite su culpabilidad aceptando los hechos. En el fallo judicial, la acusación inicial de delito se convierte en condena por falta de vejaciones y una sanción de cuatro días en localización permanente. A lo mejor es conveniente recordar que delitos y faltas son infracciones penales en nuestro Código Penal.
Lo que convierte este caso en un vergonzoso despropósito son las declaraciones vertidas por el ya condenado por violencia de género en rueda de prensa y el comportamiento político del Partido Popular que gobierna en Otura gracias a su apoyo.
El Sr Anguita ha dicho que este es un asunto privado y que la denuncia era falsa, recuerden que en sede judicial admitió las vejaciones, y que la ley es injusta. , además añadió que no se le había pasado por la cabeza dimitir porque tenía la conciencia tranquila. Causa consternación el comportamiento indolente de quien jura acatar la constitución y tiene que dar ejemplo en el ejercicio de una responsabilidad pública. El concejal está inhabilitado moralmente para el ejercicio de su cargo, lo está por decir que es un tema privado y aún más porque ha sido condenado y todavía más porque tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes.
El comportamiento político del Partido Popular es inadmisible al amparar a un condenado por malos tratos anteponiendo sus intereses partidarios a la defensa de los derechos humanos. Como sociedad no nos lo podemos permitir.