jueves, 25 de febrero de 2010

DERECHO A DECIDIR

Mientras ustedes leen estas líneas estaremos debatiendo en el Senado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo y previsiblemente se aprobará con el consenso mayoritario de los grupos parlamentarios con la excepción del PP. Una vez más se quedaran solos en el Parlamento.
En nuestro país las mujeres en los tres supuestos conocidos y mediante una despenalización parcial pueden abortar desde el año 1985, (ya en la Segunda Republica podían hacerlo) y lo que hace ahora el Gobierno es adecuar la legislación a la situación actual y a la normativa internacional.
La Ley constituye un avance en relación a los derechos de las mujeres y homologa nuestra legislación a la de la mayoría de los países de nuestro entorno. El objetivo fundamental es evitar los embarazos no deseados y reducir el número de abortos a través de la información, la educación y la prevención.
La nueva regulación que combina plazos e indicaciones aportará seguridad jurídica y sanitaria a las mujeres afectadas y a los y las profesionales que las atienden, además de garantizar la equidad en el acceso a esta prestación sanitaria. Igualmente se desarrollará una estrategia de salud sexual y reproductiva que pretende el ejercicio de una sexualidad responsable.
El texto definitivo es fruto de un trabajo riguroso y de un gran debate, además de recoger las recomendaciones de numerosas personas expertas e instituciones.
Más allá de las convicciones particulares, que siempre han de tener el máximo respeto y consideración, al Estado le corresponde garantizar que esta prestación sanitaria, en eso consiste la interrupción voluntaria del embarazo, se pueda recibir con las debidas garantías jurídicas y sanitarias.
Se puede reconocer la realidad de la situación, 115.000 interrupciones de embarazo en el año 2009 según el Ministerio de Sanidad, o se puede manipular y engañar con debates falsos y manipulaciones más o menos macabras pero las mujeres que se encuentran ante esa decisión merecen las garantías sanitarias y jurídicas y, desde luego, que se respete su intimidad.
El PP se desmarca de la defensa de los derechos de las mujeres, de su libertad, de su derecho a decidir y utilizan, ellos y organizaciones reaccionarias afines, cualquier cosa como juzgar a las mujeres que interrumpen su embarazo, fabricar muñecos fetos, amenazar con la excomunión, editar videos con imágenes manipuladas, insultar a quienes no piensan como ellos, con la intención de ganar un debate que han perdido socialmente. La sociedad española sabe que la nueva Ley supone un gran avance en derechos para las mujeres, por los que desde hace años vienen luchando las organizaciones de mujeres, y un mayor progreso en los derechos humanos de nuestro país. Quiero que estas palabras sirvan de reconocimiento a la Ministra Aído, que ha sido insultada y difamada, porque con coraje y valentía ha asumido la responsabilidad de resolver una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia.

PACTOS, PACTOS Y MAS PACTOS

La reciente historia política de nuestro país muestra lo mejor de sí misma en el consenso alcanzado en la Transición y el logro de acordar un marco normativo común que concluyó con la aprobación de la Constitución en 1978.
Los políticos de todos los grupos estuvieron a la altura de su responsabilidad haciendo un esfuerzo de generosidad para ponerse de acuerdo anteponiendo el interés general a planteamientos partidistas. Recordemos los Pactos de la Moncloa o el Pacto de Toledo que han proporcionado grandes fortalezas a nuestro país.
En estos momentos debido a la situación que está viviendo nuestro país se requiere de nuevo de un esfuerzo común que deben alcanzar todas las fuerzas políticas por encima de coyunturas, porque la necesidad de redefinir el modelo sitúa la estrategia en el largo plazo por tanto fuera de tentaciones electoralistas.
Gobierne quién gobierne debemos trabajar por un modelo económico nuevo y sostenible para nuestro país, debemos garantizar el sistema público de protección social, trabajar por una educación de calidad para todos, y por encima de todo generar confianza en la ciudadanía en que podemos ganar el futuro.
La agenda política está marcada por el ofrecimiento por parte del PSOE de un gran pacto contra la crisis al conjunto de las fuerzas políticas que muestran un comportamiento parecido al habitual desde el inicio de la legislatura. El PP ante cada propuesta mira más sacar rédito electoral que aportar soluciones y el resto de los grupos CIU, PNV, ERC, IU apuestan por la voluntad de dialogo y de alcanzar acuerdos puntuales. Los amplios acuerdos parlamentarios alcanzados gracias a la “aritmética variable” han permitido la aprobación de importantes leyes y de los Presupuestos Generales del Estado, además de dar sostén parlamentario a la acción del Gobierno por mucho que el PP fantasee con mociones de censura.
A más de dos años de las elecciones generales con una grave situación de crisis de la que hay que salir reforzados y una opinión pública y publicada a favor de los acuerdos y hasta con el Rey dando ejemplo, al PP le estamos esperando para alcanzar un acuerdo de mínimos en temas tan importantes como el pacto contra la crisis, la Ley de Economía Sostenible, la Educación , la Política Energética, la ley de la Ciencia y la de Libertad Religiosa. Ahora para estar a la altura como responsables públicos hay que hacer un nuevo ejercicio de generosidad y pensar en el interés de España y, además hasta nos pueda servir para recuperar la credibilidad que a todas luces estamos perdiendo.
El PP de Granada también es necesario para consensuar algunos temas como el Milenio, la Estación del Ave, el Espacio Escénico, Sierra Nevada, la Granada Cultural con el Patrimonio Cultural como gran fortaleza, la Alhambra, los vuelos de bajo coste, las políticas del Agua, la convivencia ciudadana, todos ellos tan imprescindibles como los ya alcanzados en relación a Caja Granada y el reciente de proponer la candidatura de Granada como sede para la celebración del día de las Fuerzas Armadas.El PSOE trabaja por alcanzar esos acuerdos.

TRABAJAR POR LA CIUDADANIA

En momentos difíciles como los que vivimos es mas necesario que nunca que los responsables públicos hagamos un esfuerzo por resolver los problemas de la gente, de las personas y de las familias que se ven afectados por el desempleo y por las dificultades económicas.
Desde que empezó la situación de recesión económica se han implementado numerosas medidas que responden a un plan pensado y ordenado basado en combatir la crisis económica y sus efectos, sobre todo en el empleo, renovar el modelo de crecimiento económico de nuestro país y en seguir defendiendo los avances sociales y fortalecer la protección social ahora y en el futuro.
Para combatir la destrucción de empleo se puso en marcha el “Plan E” que ha supuesto un extraordinario esfuerzo de inversión pública y la creación de 500.000 empleos y el mantenimiento de más de 15.000 pequeñas y medianas empresas y acabamos de aprobar un segundo Plan de inversión local de 5.000 millones de euros que prevé la creación de 274.000 nuevos empleos. Se pusieron en marcha planes industriales para apoyar a sectores estratégicos de nuestra economía como el del automóvil. Se han desarrollado medidas de sostenimiento de nuestro sistema financiero, no para darle dinero a los bancos, como han hecho otros países sino, para garantizar los ahorros de los ciudadanos y para fortalecer nuestro sistema financiero que está dando muestras de una gran estabilidad.
Además para luchar contra el impacto del paro hemos incrementado la protección por desempleo con una prestación extraordinaria para aquellos ciudadanos que se quedaron sin cobertura que vamos a prorrogar otros seis meses.
Para renovar el modelo económico se ha continuado la inversión en investigación, desarrollo e innovación y se ha trabajado para reducir el impacto del sector inmobiliario de nuestra economía. Ahora se trabaja en la estrategia de economía sostenible para que nuestro país sea competitivo tanto en el sector privado como en el público, para ello en breve se debatirá en las Cortes la Ley de Economía Sostenible. Se ha aprobado además un Plan de reducción del déficit, aunque eso sí manteniendo nuestro sistema de protección social, y se trabaja en el ámbito del dialogo social en la reforma del mercado de trabajo para estar preparados para cuando se produzca la recuperación manteniendo la cohesión social priorizando el empleo de los jóvenes y con el consenso de los agentes sociales.
Ahora más que nunca es necesario generar confianza y reconocer las fortalezas de nuestro país que tenemos muchas como es el PIB más alto de nuestra historia (un 13% superior al del año 2003), una renta per cápita en la media europea (se ha incrementado un 23 % desde 2003), un sistema financiero sólido, mucho más fuerte que el de otros países de nuestro entorno, un sistema de protección social modélico y una deuda pública veinte puntos por debajo de la media europea.
Mientras el PP está ocupado en utilizar los datos negativos para desgastar al PSOE y acortar el camino para un hipotético triunfo electoral, el Gobierno trabaja con todos los grupos políticos y fomenta el diálogo social para ganar el futuro.

VEINTE AÑOS NO ES NADA

A Carmen Olmedo Checa
Estos días se han cumplido veinte años de la creación del Instituto Andaluz de la Mujer por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y es inevitable, al menos para quienes hemos sido parte de esta institución, hacer balance de lo que han sido las políticas de igualdad en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país.
Si como sabemos la desigualdad entre hombres y mujeres tiene su origen en la cultura patriarcal y se manifiesta en comportamientos y actitudes en el ámbito privado y en la esfera pública, es fácil comprender que en dos décadas es difícil producir los cambios necesarios para eliminar los obstáculos que las mujeres tienen para el ejercicio pleno de su ciudadanía. Aún queda mucho por hacer, sin embargo los avances logrados por las mujeres andaluzas son tan importantes que no podemos hablar de avances sociales en Andalucía sin mirar los cambios que han protagonizado las mujeres.
Cuando Carmen Olmedo, la primera directora del IAM, comenzó su trabajo lo hizo realizando un primer estudio de la situación social de las mujeres, puesto que no disponíamos de datos sobre la presencia de las mujeres en el empleo , en la educación , en las empresas. Todos los indicadores obtenidos nos proporcionaron un diagnóstico que nos permitió abordar de forma transversal un trabajo coordinado del conjunto de las instituciones andaluzas para avanzar en la igualdad, que ha dado sus frutos como lo prueban que en estos momentos más del sesenta por ciento del alumnado universitario son mujeres, que la mayoría de las empresas que se crean en nuestra comunidad autónoma tienen como titular a una mujer o que la tasa de actividad femenina ha aumentado más de veinte puntos en estos veinte años.
Las políticas de igualdad que se han ejecutado en Andalucía han sido referencia nacional, como ejemplo el modelo de atención social de la Ley Integral contra la violencia de género tiene como referencia lo que se estaba haciendo en Andalucía, e internacional, muchos de los organismos similares que en diferentes regiones europeas se han creado han tenido como modelo a Andalucía. Pero por encima de ello lo más importante que el IAM ha hecho ha sido liderar un cambio de valores en la sociedad favorable a la igualdad entre hombres y mujeres. La Junta no lo ha hecho sola, en este camino hemos tenido la complicidad de los ayuntamientos con sus Centros Municipales de la Mujer y las Diputaciones, y el compromiso de muchas mujeres y algunos hombres que lo han hecho posible con su trabajo y su compromiso, todo ello ha contado con un tejido asociativo y un movimiento social que ha formado una tupida red de asociaciones de mujeres.
Aún queda trabajo que hacer en muchos ámbitos como el de la corresponsabilidad, la presencia equilibrada de las mujeres y los hombres en los espacios de poder y decisión, en la lucha contra la violencia de género o la explotación sexual. Ahora la igualdad es un eje estratégico de la acción del Gobierno de España y tenemos al Estado tutelando los derechos de las mujeres con el Ministerio de Igualdad y leyes como la Integral contra la violencia de género o la de Igualdad (por cierto recurrida por el PP ante el tribunal constitucional que ha avalado las tesis de la Ley). todo ello no hubiera sido posible sin el trabajo pionero y el impulso del Gobierno Andaluz.