Acaba de empezar el tramite parlamentario del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con la aprobación del texto por el Consejo de Ministros del sábado pasado, pero social y públicamente desde que el PSOE asumió su compromiso de revisar la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo, vigente desde hace casi veinticinco años, se han vertido muchas opiniones y se han hecho valoraciones no ajustadas al contenido de la propuesta y lo que es peor dirigidas a fomentar actitudes intransigentes hacia las mujeres afectadas y por supuesto devaluando la tarea de poner al Estado a hacer su función de garante de la libertad y la seguridad de las personas.
Claro que no digo nada nuevo si digo que la manera de acercase a la realidad del aborto tiene consideraciones éticas y morales y profundamente ideológicas.
El debate internacional sobre este tema está situado en el ámbito del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad están muy relacionadas con la defensa de los valores de la igualdad entre mujeres y hombres y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
En un asunto como éste se trata no de negar, juzgar, mentir sino de reconocer, respetar, garantizar los derechos de las mujeres afectadas y de los profesionales que las atienden.
Se trata de garantizar la equidad territorial de la prestación, todo ello con el máximo respeto al marco constitucional, se conoce la posición del Consejo de Estado, además de hacerlo de forma parecida a como está regulado en los países de nuestro entorno.
El proyecto de Ley que inicia su estancia en Las Cortes Generales es una ley que busca en primer lugar reducir los embarazos no deseados y, por tanto, los abortos y contiene toda una estrategia para reducir las interrupciones voluntarias de embarazo mediante la información, la educación y la prevención. Además ofrece información de las medidas de apoyo a la maternidad.
La ley es equilibrada en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres, su dignidad, su libertad, su intimidad pero también protege adecuadamente la vida prenatal y lo hace mediante una combinación de plazos e indicaciones.
Me reconforta pensar que el posicionamiento político de los diferentes grupos parlamentarios ante el dictamen de la Comisión de Igualdad consiga el consenso necesario a la mayor parte de los contenidos de la propuesta, aunque como es obvio se puede mejorar. Además me parece muy lógico que hayan sido los grupos del espectro de la izquierda los que vayan a apoyar el proyecto. No es, ni ha sido de rosas el camino, pero izquierda y feminismo caminan juntos.
miércoles, 30 de septiembre de 2009
lunes, 28 de septiembre de 2009
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL
Recientemente ha vuelto a saltar a la arena pública el debate sobre la prostitución seguramente por la alarma generada ante la exhibición del ejercicio de la prostitución en el barrio del Raval de Barcelona, ello ha vuelto a generar ríos de tinta en los medios de comunicación y hasta iniciativas en las Cortes Generales.
Las dos posturas conocidas sobre si legalizar esta actividad o luchar para la erradicación además de simplificadoras enmascaran la realidad de un fenómeno muy complejo y que en estos momentos está vinculado a la globalización de los mercados y de la delincuencia y a la conexión entre la industria del ocio y el llamado turismo sexual que se relaciona con un aumento de la demanda de prostitución. Demanda de prostitución que es obligado disminuir, no sólo por sentido común, si queremos garantizar los derechos humanos, sino por cumplir los compromisos internacionales como el Convenio contra la trata de seres humanos de Consejo de Europa ratificado por nuestro país.
La prostitución preocupa en la opinión pública sobre todo por los problemas de convivencia que genera, y se analiza desde la actividad de las mujeres que la ejercen, pero las políticas públicas requieren una mirada más amplia y para ello es necesario entenderla como un sistema de varios elementos que se interrelacionan como son los clientes, intermediarios (empresarios, proxenetas, redes de trafico) y las mujeres prostituidas.
En las Cortes Generales se ha debatido a fondo este fenómeno, se aprobaron las conclusiones de la Ponencia sobre “El estudio de la situación de la prostitución en España” en Abril de 2007 por una mayoría parlamentaria muy amplia (PSOE, PP, CIU y PNV),de acuerdo con este mandato el Consejo de Ministros del día 15 de Diciembre de 2008 aprobó el “Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual” que contiene 61 medidas centrando su esfuerzo en tres ejes fundamentales: lucha contra las mafias, asistencia social a las víctimas y sensibilización, prevención y coordinación.
Este fenómeno es difícil de combatir, y para ello todas las administraciones tienen su papel; los ayuntamientos que deben garantizar la convivencia disuadiendo la presencia de prostitución en los espacios públicos y colaborando en la disminución de la oferta y la demanda de prostitución y las Comunidades Autónomas desplegando los servicios de atención integral a las víctimas en su territorio.
También los medios de comunicación contribuyendo con la no publicación de anuncios que incrementan y fomentan la demanda.
En un estado de derecho el objetivo debe ser disminuir el número de víctimas del tráfico y la trata con fines de explotación sexual y priorizar la atención a las víctimas. El camino hacia este objetivo pasa por una sociedad sensibilizada que no acepte la explotación sexual rechazando la normalización del consumo de prostitución. Al conjunto de la sociedad le corresponde preguntarse si podemos convivir con este tipo de prácticas contrarias a la dignidad humana y que constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, un fenómeno al que ya, ONU denomina la esclavitud del siglo XXI.
El día 23 de Septiembre se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual
Las dos posturas conocidas sobre si legalizar esta actividad o luchar para la erradicación además de simplificadoras enmascaran la realidad de un fenómeno muy complejo y que en estos momentos está vinculado a la globalización de los mercados y de la delincuencia y a la conexión entre la industria del ocio y el llamado turismo sexual que se relaciona con un aumento de la demanda de prostitución. Demanda de prostitución que es obligado disminuir, no sólo por sentido común, si queremos garantizar los derechos humanos, sino por cumplir los compromisos internacionales como el Convenio contra la trata de seres humanos de Consejo de Europa ratificado por nuestro país.
La prostitución preocupa en la opinión pública sobre todo por los problemas de convivencia que genera, y se analiza desde la actividad de las mujeres que la ejercen, pero las políticas públicas requieren una mirada más amplia y para ello es necesario entenderla como un sistema de varios elementos que se interrelacionan como son los clientes, intermediarios (empresarios, proxenetas, redes de trafico) y las mujeres prostituidas.
En las Cortes Generales se ha debatido a fondo este fenómeno, se aprobaron las conclusiones de la Ponencia sobre “El estudio de la situación de la prostitución en España” en Abril de 2007 por una mayoría parlamentaria muy amplia (PSOE, PP, CIU y PNV),de acuerdo con este mandato el Consejo de Ministros del día 15 de Diciembre de 2008 aprobó el “Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual” que contiene 61 medidas centrando su esfuerzo en tres ejes fundamentales: lucha contra las mafias, asistencia social a las víctimas y sensibilización, prevención y coordinación.
Este fenómeno es difícil de combatir, y para ello todas las administraciones tienen su papel; los ayuntamientos que deben garantizar la convivencia disuadiendo la presencia de prostitución en los espacios públicos y colaborando en la disminución de la oferta y la demanda de prostitución y las Comunidades Autónomas desplegando los servicios de atención integral a las víctimas en su territorio.
También los medios de comunicación contribuyendo con la no publicación de anuncios que incrementan y fomentan la demanda.
En un estado de derecho el objetivo debe ser disminuir el número de víctimas del tráfico y la trata con fines de explotación sexual y priorizar la atención a las víctimas. El camino hacia este objetivo pasa por una sociedad sensibilizada que no acepte la explotación sexual rechazando la normalización del consumo de prostitución. Al conjunto de la sociedad le corresponde preguntarse si podemos convivir con este tipo de prácticas contrarias a la dignidad humana y que constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, un fenómeno al que ya, ONU denomina la esclavitud del siglo XXI.
El día 23 de Septiembre se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual
martes, 22 de septiembre de 2009
vandalismo juvenil
El bochornoso espectáculo que nos ofrecieron la pasada semana un grupo de jóvenes en el municipio de Pozuelo protagonizando unos actos vandálicos que causaron no sólo destrozos en el mobiliario urbano y disturbios sino incluso heridos, tiene todo el rechazo de quienes creemos en la convivencia pacífica y el disfrute colectivo de los espacios públicos.
Pero causa aún mayor vergüenza el comportamiento de los progenitores de estos gamberros que han reaccionado de la peor forma desde el punto de vista del respeto a las normas de convivencia pero también, y esto es aún más penoso, en su comportamiento como padres y por tanto responsables últimos de los actos que ejecutan sus hijos menores.
Si tal como recoge el atestado policial se produjeron “cinco horas de escaramuzas…no cesando en ningún momento de lanzar objetos contra los agentes “, todo ello con las consecuencias conocidas de destrozos y lesiones al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estamos ante hechos muy graves que merecen reproche social y legal pero también moral. Los ayuntamientos pueden y deben prohibir el botellón en las calles, las comunidades autónomas también tienen su papel, la presencia policial como en este caso tiene que garantizar la seguridad colectiva, pero no son los antidisturbios, ni los policías locales, ni la policía nacional, ni la guardia civil, ni siquiera el profesorado en exclusiva quienes deben trasmitir los valores de respeto a los demás y de responsabilidad individual a nuestros jóvenes, padres y madres tienen que
asumir su responsabilidad y en su caso sancionar y poner límites a conductas tan deleznables.
Por ello espanta que ante la, a mí modo de ver tímida, condena del juez a siete de los jóvenes detenidos prohibiéndoles la asistencia a fiestas después de las diez de la noche, y como es obvio la obligación de los padres de asumir la responsabilidad social derivada de esos actos vandálicos, hayan anunciado su recurso a la decisión judicial y lo hayan hecho con el argumento de que sus hijos tienen “un comportamiento social equilibrado y una trayectoria normal en sus estudios y en sus vidas”.Verdaderamente es flaco el favor que les hacen a sus hijos.
Urge que los padres y las madres ejerzan sus funciones, también es necesario un gran debate público que nos conduzca a ese gran pacto social por la educación que está proponiendo el Gobierno, no sólo porque es necesario un cambio en el modelo productivo sobre todo porque no hay sociedad avanzada sin ciudadanos libres y responsables y sin acatamiento al imperio de la ley. Me temo que esto no se arregla rebajando la edad penal a los doce años ni dando la consideración de autoridad pública a los profesores y profesoras que ya tienen bastante con contrarrestar los mensajes que algunos jóvenes reciben en casa.
Pero causa aún mayor vergüenza el comportamiento de los progenitores de estos gamberros que han reaccionado de la peor forma desde el punto de vista del respeto a las normas de convivencia pero también, y esto es aún más penoso, en su comportamiento como padres y por tanto responsables últimos de los actos que ejecutan sus hijos menores.
Si tal como recoge el atestado policial se produjeron “cinco horas de escaramuzas…no cesando en ningún momento de lanzar objetos contra los agentes “, todo ello con las consecuencias conocidas de destrozos y lesiones al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estamos ante hechos muy graves que merecen reproche social y legal pero también moral. Los ayuntamientos pueden y deben prohibir el botellón en las calles, las comunidades autónomas también tienen su papel, la presencia policial como en este caso tiene que garantizar la seguridad colectiva, pero no son los antidisturbios, ni los policías locales, ni la policía nacional, ni la guardia civil, ni siquiera el profesorado en exclusiva quienes deben trasmitir los valores de respeto a los demás y de responsabilidad individual a nuestros jóvenes, padres y madres tienen que
asumir su responsabilidad y en su caso sancionar y poner límites a conductas tan deleznables.
Por ello espanta que ante la, a mí modo de ver tímida, condena del juez a siete de los jóvenes detenidos prohibiéndoles la asistencia a fiestas después de las diez de la noche, y como es obvio la obligación de los padres de asumir la responsabilidad social derivada de esos actos vandálicos, hayan anunciado su recurso a la decisión judicial y lo hayan hecho con el argumento de que sus hijos tienen “un comportamiento social equilibrado y una trayectoria normal en sus estudios y en sus vidas”.Verdaderamente es flaco el favor que les hacen a sus hijos.
Urge que los padres y las madres ejerzan sus funciones, también es necesario un gran debate público que nos conduzca a ese gran pacto social por la educación que está proponiendo el Gobierno, no sólo porque es necesario un cambio en el modelo productivo sobre todo porque no hay sociedad avanzada sin ciudadanos libres y responsables y sin acatamiento al imperio de la ley. Me temo que esto no se arregla rebajando la edad penal a los doce años ni dando la consideración de autoridad pública a los profesores y profesoras que ya tienen bastante con contrarrestar los mensajes que algunos jóvenes reciben en casa.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
MALA GENTE QUE CAMINA
“Mala Gente que camina” es el título de un libro de Benjamín Prado que el autor toma prestado de un verso de Antonio Machado, una de las mas insignes víctimas del fascismo español.
Es la historia de un profesor que está escribiendo un libro que titula “Historia de un tiempo que nunca existió” referido al silencio con el que la historia oficial del franquismo tapó las atrocidades cometidas en la llamada guerra civil española y en la terrible posguerra, como los secuestros de entre 25.000 y 30.000 niños y niñas robados a las madres republicanas.
La reciente propuesta ciudadana, iniciada por intelectuales de Granada y apoyada por los partidos de izquierda en nuestro Ayuntamiento, de retirar la estatua a José Antonio Primo de Rivera de la Plaza de Bibataubín y la posible demolición de la tapia donde se cometieron los fusilamientos de victimas del franquismo, ha encontrado una correcta acogida por parte de la Delegación de Cultura en el sentido de proteger patrimonialmente la memoria colectiva de Granada y a la vez la elaboración de un informe técnico que pone en duda el valor artístico de la citada figura.
Más allá de debates estéticos, quiero mostrar mi repugnancia moral e intelectual por quienes parecen defender la figura de un fascista y la negación de nuestra memoria colectiva.
La Falange se presentó a las elecciones de 1.936 y no obtuvo representación parlamentaria, en previsión de ese resultado su fundador ya había dicho “la Falange no acatará el resultado electoral. Si el resultado de los escrutinios es contrario, peligrosamente contrario a los destinos de España, la Falange relegará con sus esfuerzos las actas del escrutinio al último lugar del menosprecio”.Y lo hicieron, claro que lo hicieron, utilizando las armas para torcer el resultado de las urnas.
Según he podido leer en los medios de comunicación locales y hasta nacionales ¡que vergüenza! el Señor Pérez, jefe de filas del Partido Popular en Granada, ha dicho que “retirar el monolito a Primo de Rivera sería un acto talibán progre”. Asombra la catadura de la derecha granadina actual que en lugar de distanciarse de sus ancestros políticos…de esa “mala gente que camina”, hacen gala de una renovada intransigencia contra quienes legítimamente piensan de forma diferente y se vuelven a posicionar en la defensa de los símbolos de la etapa más cruel y más negra de nuestra historia.
Granada, nuestra Granada moderna y plural, no merece esta derecha que exhibe sin pudor a quien representa la desaparición, el asesinato por la represión franquista, de 130.000 personas según el investigador Francisco Espinosa, 5.000 de las cuales eran granadinas tal como ha publicado la Asociación de la Memoria Histórica de Granada.
Este no es un asunto de “odio, resentimiento y rencor” ni siquiera de sentimientos, es de defensa de la dignidad humana, del rigor histórico y la justicia, de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad y el olvido.
Es la historia de un profesor que está escribiendo un libro que titula “Historia de un tiempo que nunca existió” referido al silencio con el que la historia oficial del franquismo tapó las atrocidades cometidas en la llamada guerra civil española y en la terrible posguerra, como los secuestros de entre 25.000 y 30.000 niños y niñas robados a las madres republicanas.
La reciente propuesta ciudadana, iniciada por intelectuales de Granada y apoyada por los partidos de izquierda en nuestro Ayuntamiento, de retirar la estatua a José Antonio Primo de Rivera de la Plaza de Bibataubín y la posible demolición de la tapia donde se cometieron los fusilamientos de victimas del franquismo, ha encontrado una correcta acogida por parte de la Delegación de Cultura en el sentido de proteger patrimonialmente la memoria colectiva de Granada y a la vez la elaboración de un informe técnico que pone en duda el valor artístico de la citada figura.
Más allá de debates estéticos, quiero mostrar mi repugnancia moral e intelectual por quienes parecen defender la figura de un fascista y la negación de nuestra memoria colectiva.
La Falange se presentó a las elecciones de 1.936 y no obtuvo representación parlamentaria, en previsión de ese resultado su fundador ya había dicho “la Falange no acatará el resultado electoral. Si el resultado de los escrutinios es contrario, peligrosamente contrario a los destinos de España, la Falange relegará con sus esfuerzos las actas del escrutinio al último lugar del menosprecio”.Y lo hicieron, claro que lo hicieron, utilizando las armas para torcer el resultado de las urnas.
Según he podido leer en los medios de comunicación locales y hasta nacionales ¡que vergüenza! el Señor Pérez, jefe de filas del Partido Popular en Granada, ha dicho que “retirar el monolito a Primo de Rivera sería un acto talibán progre”. Asombra la catadura de la derecha granadina actual que en lugar de distanciarse de sus ancestros políticos…de esa “mala gente que camina”, hacen gala de una renovada intransigencia contra quienes legítimamente piensan de forma diferente y se vuelven a posicionar en la defensa de los símbolos de la etapa más cruel y más negra de nuestra historia.
Granada, nuestra Granada moderna y plural, no merece esta derecha que exhibe sin pudor a quien representa la desaparición, el asesinato por la represión franquista, de 130.000 personas según el investigador Francisco Espinosa, 5.000 de las cuales eran granadinas tal como ha publicado la Asociación de la Memoria Histórica de Granada.
Este no es un asunto de “odio, resentimiento y rencor” ni siquiera de sentimientos, es de defensa de la dignidad humana, del rigor histórico y la justicia, de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad y el olvido.
domingo, 6 de septiembre de 2009
JUEGO PELIGROSO
La democracia se sostiene sobre unas reglas que a la vez que claras son delicadas. La división de poderes, la transparencia y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones son los pilares en los que se asienta el entramado institucional de las sociedades avanzadas a las que sin duda pertenece la sociedad española tras la transición política, y que de forma tan clara recoge nuestra Constitución. Más de treinta años de convivencia democrática en nuestro país ha sido el fruto que hemos recogido por acatar esas reglas del juego. Bien es cierto que ello en primer lugar supuso enterrar los fantasmas de las “dos españas” y con ello la renuncia de la memoria de unos y de los privilegios de los otros para adaptarnos todos a unas nuevas formas de relación donde el interés general, la modernización y el respeto a quienes piensan de otra manera son imprescindibles para seguir fortaleciendo eso que llamamos la democracia.
La alternancia en el poder de la derecha democrática representada por el PP y la izquierda del PSOE han supuesto la superación de esos miedos a la libertad y la consolidación democrática de nuestra convivencia.
Durante este tiempo llama la atención el comportamiento del PP cuando está en la oposición, ocurrió durante los gobiernos de Felipe González y está pasando desde la llegada al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004, por su dureza y su falta de miramiento no sólo con el gobierno (hasta cierto punto aceptable) sino con las reglas del juego democrático. Debilitar al adversario político tiene unos límites que son los del respeto a la arquitectura política e institucional que sostiene nuestra convivencia. La acusación reciente de escuchas a miembros del PP exceden los límites aceptables del juego político democrático, por atentar directamente contra la estructura del Estado (policía y fiscalía tienen muy claras sus funciones en nuestro ordenamiento jurídico). Por eso, no cabe en democracia acusar sin pruebas como ha hecho la Sra. Cospedal, o acusar y luego rectificar como ha hecho la Sra. Aguirre, o poner en duda la libertad de prensa (que conoce y difunde información) como hace el Sr. González Pons, mientras el Sr. Rajoy entre los casos “Gurtel” y “Palma Arena” no sabe, no contesta.
Sólo cabe que vayan a los tribunales y denuncien pero que no jueguen sucio. Sras. y Sres. del PP dejen de jugar a debilitar la credibilidad de nuestro estado de derecho porque ese es un juego peligroso, se llama desestabilizar y es intolerable en democracia.
La alternancia en el poder de la derecha democrática representada por el PP y la izquierda del PSOE han supuesto la superación de esos miedos a la libertad y la consolidación democrática de nuestra convivencia.
Durante este tiempo llama la atención el comportamiento del PP cuando está en la oposición, ocurrió durante los gobiernos de Felipe González y está pasando desde la llegada al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004, por su dureza y su falta de miramiento no sólo con el gobierno (hasta cierto punto aceptable) sino con las reglas del juego democrático. Debilitar al adversario político tiene unos límites que son los del respeto a la arquitectura política e institucional que sostiene nuestra convivencia. La acusación reciente de escuchas a miembros del PP exceden los límites aceptables del juego político democrático, por atentar directamente contra la estructura del Estado (policía y fiscalía tienen muy claras sus funciones en nuestro ordenamiento jurídico). Por eso, no cabe en democracia acusar sin pruebas como ha hecho la Sra. Cospedal, o acusar y luego rectificar como ha hecho la Sra. Aguirre, o poner en duda la libertad de prensa (que conoce y difunde información) como hace el Sr. González Pons, mientras el Sr. Rajoy entre los casos “Gurtel” y “Palma Arena” no sabe, no contesta.
Sólo cabe que vayan a los tribunales y denuncien pero que no jueguen sucio. Sras. y Sres. del PP dejen de jugar a debilitar la credibilidad de nuestro estado de derecho porque ese es un juego peligroso, se llama desestabilizar y es intolerable en democracia.
martes, 1 de septiembre de 2009
ABORTOS
Hace unos pocos días leí una entrevista al Doctor Chraibi, ginecólogo jefe de la maternidad de Rabat que ha creado una asociación para que se amplíe la ley del aborto en su país, porque como el mismo dice el “aborto clandestino provoca tragedias en Marruecos”.Me entristecí mucho pensando en el sufrimiento y los riesgos que todas las mujeres han padecido a lo largo de la historia como consecuencia de un embarazo no deseado y más aún cuando han tenido que abortar, y pensé en que gracias a la lucha de las mujeres en nuestro país se han ido consiguiendo respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y una sociedad que valora y trabaja por la igualdad entre mujeres y hombres, lo que ha permitido que desde el año 1985 hubiera una despenalización parcial del aborto en tres supuestos(violación, riesgo para la madre o para el feto) que ha cumplido su función en estos casi veinticinco años.
Tras las vacaciones veraniegas se reiniciará el calendario parlamentario y con él el debate en las Cortes Generales sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que en el marco de una estrategia nacional para la educación sexual pretende prevenir la alta tasa de embarazos juveniles en nuestro país, y además recoge una nueva forma de regular las interrupciones voluntarias de embarazo fuera del Código Penal y con garantías suficientes sanitarias y jurídicas para las mujeres y los profesionales.
Me temo que como siempre con este tema tan sensible, profundamente afectado por consideraciones éticas, se están produciendo falsos debates que trasladan juicios morales y a veces falsedades sobre la futura reforma.
Los cambios sociales y el avance en el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres han hecho que ya nadie ponga en duda la capacidad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, tal como han venido reclamando las mujeres a lo largo del tiempo y como se ha reconocido en Conferencias Internacionales de Naciones Unidas (Conferencia del Cairo sobre Población y Desarrollo en 1994 y Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing 1995) y las resoluciones del Consejo de Europa ( de 3 de Julio de 2002) que han proclamado el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relacionadas con su sexualidad , incluida su salud sexual y reproductiva; instando a los países a elaborar legislaciones que garanticen un aborto legal y seguro.
Al Estado le corresponde garantizar estos derechos y me alegro que las mujeres españolas tengamos un gobierno valiente que propone resolver con el máximo consenso parlamentario y social este problema, ojalá que las mujeres marroquíes pudieran vivir lo mismo.
Tras las vacaciones veraniegas se reiniciará el calendario parlamentario y con él el debate en las Cortes Generales sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que en el marco de una estrategia nacional para la educación sexual pretende prevenir la alta tasa de embarazos juveniles en nuestro país, y además recoge una nueva forma de regular las interrupciones voluntarias de embarazo fuera del Código Penal y con garantías suficientes sanitarias y jurídicas para las mujeres y los profesionales.
Me temo que como siempre con este tema tan sensible, profundamente afectado por consideraciones éticas, se están produciendo falsos debates que trasladan juicios morales y a veces falsedades sobre la futura reforma.
Los cambios sociales y el avance en el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres han hecho que ya nadie ponga en duda la capacidad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, tal como han venido reclamando las mujeres a lo largo del tiempo y como se ha reconocido en Conferencias Internacionales de Naciones Unidas (Conferencia del Cairo sobre Población y Desarrollo en 1994 y Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing 1995) y las resoluciones del Consejo de Europa ( de 3 de Julio de 2002) que han proclamado el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relacionadas con su sexualidad , incluida su salud sexual y reproductiva; instando a los países a elaborar legislaciones que garanticen un aborto legal y seguro.
Al Estado le corresponde garantizar estos derechos y me alegro que las mujeres españolas tengamos un gobierno valiente que propone resolver con el máximo consenso parlamentario y social este problema, ojalá que las mujeres marroquíes pudieran vivir lo mismo.
NO PUEDE SER
Estoy convencida de que la ciudadanía está harta de que los políticos no nos pongamos de acuerdo en cuestiones de interés general, creo con la mayoría de la gente que la principal obligación de quienes nos dedicamos a la cosa pública consiste en consensuar propuestas para materializar el desarrollo y el bienestar general. Por eso discuto con mis compañeros de filas y también de oposición, porque está muy extendida la práctica de llevar la contraria al adversario político sin pensar de verdad en las consecuencias, a veces, es cuestión de matices o sencillamente de escenificar erróneamente, lo que sí es verdaderamente importante en política, la confrontación de las ideas y de los argumentos.
En Granada somos víctimas de esa especie de maldición de no ponernos de acuerdo, que irremediablemente nos lleva a la eternización de los debates y, a veces desgraciadamente, a la paralización de los proyectos.
Escribo estas líneas, después de leer en este periódico que el Ayuntamiento de Granada plantea “una alternativa” para el Parque del Milenio en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, proponiendo su ubicación en la zona norte, distinta de la conocida propuesta de la Junta de situarlo en la Vega Sur. Una vez más cada uno diciendo una cosa, como con el metro, la segunda circunvalación, el ave o otras tantas iniciativas.
No voy a caer en la tentación de culpar a “otros” para defender a los “míos”, pero en el mismo diario que recoge esta noticia, José Mª Rueda, concejal del PSOE, en un artículo expone la posición conciliadora para consensuar el futuro de la ciudad.
No me cabe ninguna duda de que IU y PP por muy diferentes razones creen mejor para la ciudad esta nueva propuesta, pero yo quiero recordar que el Proyecto de Parque del Milenio presentado por la Junta de Andalucía transciende los límites estrictamente urbanos para afectar al Área Metropolitana, tan necesitada de servicios compartidos, cohesión y fortalecimiento.
En fin, discutamos sobre el PGOU, el POTAUG o lo que corresponda, pero no olvidemos que el tiempo apremia y 2013 está ahí mismo. Por responsabilidad y respeto a la ciudadanía pongámonos de acuerdo ya.
En Granada somos víctimas de esa especie de maldición de no ponernos de acuerdo, que irremediablemente nos lleva a la eternización de los debates y, a veces desgraciadamente, a la paralización de los proyectos.
Escribo estas líneas, después de leer en este periódico que el Ayuntamiento de Granada plantea “una alternativa” para el Parque del Milenio en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, proponiendo su ubicación en la zona norte, distinta de la conocida propuesta de la Junta de situarlo en la Vega Sur. Una vez más cada uno diciendo una cosa, como con el metro, la segunda circunvalación, el ave o otras tantas iniciativas.
No voy a caer en la tentación de culpar a “otros” para defender a los “míos”, pero en el mismo diario que recoge esta noticia, José Mª Rueda, concejal del PSOE, en un artículo expone la posición conciliadora para consensuar el futuro de la ciudad.
No me cabe ninguna duda de que IU y PP por muy diferentes razones creen mejor para la ciudad esta nueva propuesta, pero yo quiero recordar que el Proyecto de Parque del Milenio presentado por la Junta de Andalucía transciende los límites estrictamente urbanos para afectar al Área Metropolitana, tan necesitada de servicios compartidos, cohesión y fortalecimiento.
En fin, discutamos sobre el PGOU, el POTAUG o lo que corresponda, pero no olvidemos que el tiempo apremia y 2013 está ahí mismo. Por responsabilidad y respeto a la ciudadanía pongámonos de acuerdo ya.
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