Mientras todos vivíamos la alegría de la final del Mundial de fútbol, en nuestras costas, aquí en Motril, la tragedia de la inmigración se ha cobrado al menos cinco vidas humanas. Detrás de cada una de esas personas, sólo está el anhelo de una vida mejor y ahí se ceban las mafias que trafican con estas personas. Uno de los fenómenos criminales más lucrativos y mejor adaptado a la realidad transnacional: mafias internacionales que trafican con armas, drogas o seres humanos.
Hay que tener cuidado y no mezclar la política migratoria sostenible, integral e integradora, con la inmigración clandestina y, sobre todo, con la trata de personas. En España hay 4,5 millones de residentes extranjeros, más de 2 millones comunitarios. Recientemente en nuestro país se ha llevado a cabo una reforma de la Ley de Extranjería, que es de hecho una ley de inmigración, que busca más integración para una mejor convivencia adaptando nuestra legislación a la común de la Unión Europea y que cree en el acogimiento según nuestra capacidad y la mejora de los derechos de las personas inmigrantes.
Por responsabilidad debemos luchar contra la inmigración irregular mejorando los controles transfronterizos y aumentando la eficacia en los procedimientos de expatriación.
Pero, sobre todo, tenemos que luchar contra quienes se lucran con la explotación de esas personas. Por eso, en la reciente reforma del Código Penal se ha tipificado un nuevo delito de la trata de personas cuando la finalidad sean trabajos forzados, explotación sexual y extracción de órganos, y se crean las figuras de organización y grupo criminal.
La lucha contra la trata de seres humanos se articula sobre las llamadas tres ‘P’: protección a las víctimas, persecución de los traficantes y prevención, trabajando con los países de origen, de tránsito y de destino y, sobre todo, sensibilizando a la comunidad internacional sobre lo que ya la ONU llama la esclavitud del siglo XXI.
Según la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito en Europa hay 140.000 mujeres esclavizadas en la prostitución. Son en su mayoría mujeres y chicas que han sido engañadas, o incluso vendidas por familiares o amigos en sus países de origen para ser prostituidas bajo coacción en Alemania, Holanda o España. Según el mismo informe, el negocio criminal de la trata mueve al menos 2.500 millones de euros y crea 70.000 nuevas víctimas al año.
La semana pasada, en Oslo, con ocasión de la Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea presenté en nombre de la Delegación Española una iniciativa parlamentaria para que los 56 países integrantes impulsaran la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Tuve ocasión de contar el desarrollo del Plan que en España estamos desplegando desde 2008 y que durante el año 2009 ha permitido identificar a 1.300 víctimas, la detención de 726 personas y la actuación contra 158 grupos criminales. Quiero pensar que ayudará a evitar desgracias como la del sábado en las costas de Motril.
sábado, 17 de julio de 2010
CREER A LAS VICTIMAS
El asesinato de Rafaela Rueda por parte de su ex
pareja en pleno centro de Pinos Puente la semana pasada nos ha llenado de dolor y consternación. En un primer momento cuando supimos que estaba atendida y asesorada por los dispositivos que la Ley Integral contra la Violencia de Género tiene previsto para atender a las víctimas de éstos delitos, sólo nos quedó pensar algo que ya sabemos, cuando alguien quiere acabar con la vida de otra persona es casi imposible impedirlo. En este caso, como en otros, ni la atención del Centro de la Mujer, ni la orden de alejamiento, ni la visita de la Guardia Civil el día anterior a su asesinato han servido para evitar que la mataran, como sociedad no hemos podido impedir que su asesino fuera a por ella. Tenemos que recordarnos que el Estado ha hecho suya la lucha contra esta lacra social y que se avanza, que tenemos recursos y medios, juzgados y fiscalías especializados, policías y guardias civiles protegiendo a las víctimas, protocolos y sistemas de valoración del riesgo, una opinión pública cada vez más sensibilizada, todo ello está sirviendo para salvar muchas vidas aunque desgraciadamente aún sigan asesinando mujeres. Sabemos que la violencia de género nace de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, o sea que hasta que las relaciones no sean igualitarias no acabaremos con esta barbarie. Por eso más coeducación, más políticas de igualdad, más sensibilización son necesarias, pero sobre todo precisamos enfrentarnos a una realidad social que tolera la violencia contra las mujeres.
Hemos avanzado mucho consiguiendo sacar a la luz un problema que las mujeres han sufrido en silencio toda la vida, las denuncias que tan costosas y dolorosas son para las mujeres han conseguido convertir un problema que hasta hace poco considerábamos privado en un asunto público y sobre todo que el Estado las proteja, de hecho ocho de cada diez mujeres asesinadas el año pasado no habían denunciado.
Según las macroencuestas del Ministerio de Igualdad en nuestro país se estima que hay 400.000 casos de violencia de género de los cuales se denuncian apenas 100.000, por tanto se calcula que 300.000 están desprotegidas. A pesar de estos datos con frecuencia se habla de denuncias falsas haciendo un daño enorme a la estrategia de animar a las victimas a la denuncia porque esa es la única manera de poder ayudarlas.
Cuando hemos conocido que el Juzgado de lo Penal 6 de Granada dictó una sentencia absolutoria sobre los hechos denunciados por Rafaela unos días antes de su asesinato, todos nos hemos indignado sobre todo por el “escaso grado de credibilidad” que el Juez ha atribuido al testimonio de la víctima.
Tal como ha dicho la Ministra Aído estamos ante un “caso aislado” ya que “la mayoría de los jueces tienen un alto grado de implicación”.En todo caso, debemos seguir formando a los profesionales para que conozcan cual es la situación psicológica de las mujeres víctimas y exigiendo especialización de todos los que intervienen en la violencia de género para que casos como este no se vuelvan a producir.
Ojalá que esta muerte sirva para que creamos a las víctimas, es el primer paso para que podamos evitar su muerte.
pareja en pleno centro de Pinos Puente la semana pasada nos ha llenado de dolor y consternación. En un primer momento cuando supimos que estaba atendida y asesorada por los dispositivos que la Ley Integral contra la Violencia de Género tiene previsto para atender a las víctimas de éstos delitos, sólo nos quedó pensar algo que ya sabemos, cuando alguien quiere acabar con la vida de otra persona es casi imposible impedirlo. En este caso, como en otros, ni la atención del Centro de la Mujer, ni la orden de alejamiento, ni la visita de la Guardia Civil el día anterior a su asesinato han servido para evitar que la mataran, como sociedad no hemos podido impedir que su asesino fuera a por ella. Tenemos que recordarnos que el Estado ha hecho suya la lucha contra esta lacra social y que se avanza, que tenemos recursos y medios, juzgados y fiscalías especializados, policías y guardias civiles protegiendo a las víctimas, protocolos y sistemas de valoración del riesgo, una opinión pública cada vez más sensibilizada, todo ello está sirviendo para salvar muchas vidas aunque desgraciadamente aún sigan asesinando mujeres. Sabemos que la violencia de género nace de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, o sea que hasta que las relaciones no sean igualitarias no acabaremos con esta barbarie. Por eso más coeducación, más políticas de igualdad, más sensibilización son necesarias, pero sobre todo precisamos enfrentarnos a una realidad social que tolera la violencia contra las mujeres.
Hemos avanzado mucho consiguiendo sacar a la luz un problema que las mujeres han sufrido en silencio toda la vida, las denuncias que tan costosas y dolorosas son para las mujeres han conseguido convertir un problema que hasta hace poco considerábamos privado en un asunto público y sobre todo que el Estado las proteja, de hecho ocho de cada diez mujeres asesinadas el año pasado no habían denunciado.
Según las macroencuestas del Ministerio de Igualdad en nuestro país se estima que hay 400.000 casos de violencia de género de los cuales se denuncian apenas 100.000, por tanto se calcula que 300.000 están desprotegidas. A pesar de estos datos con frecuencia se habla de denuncias falsas haciendo un daño enorme a la estrategia de animar a las victimas a la denuncia porque esa es la única manera de poder ayudarlas.
Cuando hemos conocido que el Juzgado de lo Penal 6 de Granada dictó una sentencia absolutoria sobre los hechos denunciados por Rafaela unos días antes de su asesinato, todos nos hemos indignado sobre todo por el “escaso grado de credibilidad” que el Juez ha atribuido al testimonio de la víctima.
Tal como ha dicho la Ministra Aído estamos ante un “caso aislado” ya que “la mayoría de los jueces tienen un alto grado de implicación”.En todo caso, debemos seguir formando a los profesionales para que conozcan cual es la situación psicológica de las mujeres víctimas y exigiendo especialización de todos los que intervienen en la violencia de género para que casos como este no se vuelvan a producir.
Ojalá que esta muerte sirva para que creamos a las víctimas, es el primer paso para que podamos evitar su muerte.
FALSOS GRANADINISMOS
Con motivo del debate sobre las Cajas en Andalucía, el PP de Granada ha dicho que lo que es bueno para Granada es bueno para Andalucía y estoy de acuerdo. Pero yo iría más allá, creo que lo que es bueno para Andalucía es sin duda bueno para Granada, y ya eso, seguramente no lo piensen en el PP.
Parece que ellos están más bien eufóricos y ocupados en alcanzar el poder subidos a lomos de la crisis, convertidos en el “partido de los trabajadores” o utilizando cualquier cosa que pueda producir réditos políticos. Oportunismo, travestismo político, todo parece valer para conseguir sus objetivos, hasta llegan al populismo localista con tal de desgastar al Gobierno.
Desde el Ayuntamiento de Granada cualquier propuesta socialista se pretende convertir en amenaza o problema y se alientan agravios, recelos y hasta rebelión popular contra la Junta, cuando lo que hay que hacer es proponer, exigir con rigor, colaborar entre instituciones para conseguir avances para Granada y para Andalucía.
El PP de Granada no puede dar lecciones sobre lo que conviene a Granada respecto del sistema financiero andaluz. El PSOE propuso y lideró el Pacto del Saray para apuntalar a Caja Granada. El PSOE de Granada ahora y siempre ha respetado las decisiones de Caja Granada y las ha apoyado posteriormente. En estos momentos no hay nada que temer sobre las alianzas que Caja Granada ha decidido mantener y no hay incompatibilidad con el proceso de constitución de la gran caja andaluza que está impulsando el Presidente Griñán, seguramente las dos operaciones serán beneficiosas para nuestro sistema financiero.
Respecto de la defensa del “granadinismo” de la Alhambra, les debería ruborizar a quienes defienden dañarla con un proyecto de cierre del anillo a todas luces disparatado, y además, se mantienen permanentemente en la confrontación, cuando no rozan la ilegalidad, con la Junta cuando la Delegación de Cultura cumple con la tarea que legalmente tiene asignada de protección del patrimonio cultural.
De acuerdo con la legalidad vigente y desde 1985 es la Junta la titular del Conjunto Monumental declarado Patrimonio Mundial y su gestión se somete a la consideración de su Patronato en cuyas decisiones participa el Ayuntamiento de la Ciudad, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, un modelo de gestión que ha dado provechosísimos frutos a lo largo de ya muchos años y que es referente de buenas practicas en las instituciones del patrimonio en el mundo. Un orgullo para Granada y para Andalucía, un modelo de excelencia que compartimos con nuestros visitantes y que es uno de nuestros mayores activos económicos que suponen 356 millones de euros anuales y 5.845 empleos para Granada.
La decisión anunciada de integrar al Patronato de la Alhambra en la Agencia Andaluza de las Instituciones Culturales no puede afectar a la autonomía de la Alhambra si tal como ha manifestado el Consejero Plata mantendrá su independencia órganica y su identidad como Institución Cultural única. La Junta tiene que explicar a la ciudadanía de Granada que consecuencias prácticas tendría esta decisión administrativa y sin duda valorará como hasta ahora lo que más convenga al Monumento, a Granada, a Andalucía …
Me preocupa que se use la comparación y el enfrentamiento y la apelación a esencialismos identitarios como normas colectivas.
Desde la Colina Roja nuestro pasado nos impele a un futuro de valores universales.
Parece que ellos están más bien eufóricos y ocupados en alcanzar el poder subidos a lomos de la crisis, convertidos en el “partido de los trabajadores” o utilizando cualquier cosa que pueda producir réditos políticos. Oportunismo, travestismo político, todo parece valer para conseguir sus objetivos, hasta llegan al populismo localista con tal de desgastar al Gobierno.
Desde el Ayuntamiento de Granada cualquier propuesta socialista se pretende convertir en amenaza o problema y se alientan agravios, recelos y hasta rebelión popular contra la Junta, cuando lo que hay que hacer es proponer, exigir con rigor, colaborar entre instituciones para conseguir avances para Granada y para Andalucía.
El PP de Granada no puede dar lecciones sobre lo que conviene a Granada respecto del sistema financiero andaluz. El PSOE propuso y lideró el Pacto del Saray para apuntalar a Caja Granada. El PSOE de Granada ahora y siempre ha respetado las decisiones de Caja Granada y las ha apoyado posteriormente. En estos momentos no hay nada que temer sobre las alianzas que Caja Granada ha decidido mantener y no hay incompatibilidad con el proceso de constitución de la gran caja andaluza que está impulsando el Presidente Griñán, seguramente las dos operaciones serán beneficiosas para nuestro sistema financiero.
Respecto de la defensa del “granadinismo” de la Alhambra, les debería ruborizar a quienes defienden dañarla con un proyecto de cierre del anillo a todas luces disparatado, y además, se mantienen permanentemente en la confrontación, cuando no rozan la ilegalidad, con la Junta cuando la Delegación de Cultura cumple con la tarea que legalmente tiene asignada de protección del patrimonio cultural.
De acuerdo con la legalidad vigente y desde 1985 es la Junta la titular del Conjunto Monumental declarado Patrimonio Mundial y su gestión se somete a la consideración de su Patronato en cuyas decisiones participa el Ayuntamiento de la Ciudad, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, un modelo de gestión que ha dado provechosísimos frutos a lo largo de ya muchos años y que es referente de buenas practicas en las instituciones del patrimonio en el mundo. Un orgullo para Granada y para Andalucía, un modelo de excelencia que compartimos con nuestros visitantes y que es uno de nuestros mayores activos económicos que suponen 356 millones de euros anuales y 5.845 empleos para Granada.
La decisión anunciada de integrar al Patronato de la Alhambra en la Agencia Andaluza de las Instituciones Culturales no puede afectar a la autonomía de la Alhambra si tal como ha manifestado el Consejero Plata mantendrá su independencia órganica y su identidad como Institución Cultural única. La Junta tiene que explicar a la ciudadanía de Granada que consecuencias prácticas tendría esta decisión administrativa y sin duda valorará como hasta ahora lo que más convenga al Monumento, a Granada, a Andalucía …
Me preocupa que se use la comparación y el enfrentamiento y la apelación a esencialismos identitarios como normas colectivas.
Desde la Colina Roja nuestro pasado nos impele a un futuro de valores universales.
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