VUELTA ATRÁS

La manifestación convocada el pasado sábado por algunas organizaciones de las llamadas pro-vida, la Iglesia Católica y el Partido Popular en contra del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo pone de manifiesto algo que ya les había comentado, que las críticas en apariencia legítimas esconden mentiras y manipulaciones.
Quienes argumentan para estar en contra de la nueva Ley dicen defender la vida como si el proyecto en trámite no lo hiciera, cuando su contenido defiende la vida prenatal y también la de las mujeres que se ven ante esa difícil decisión en la que el Estado ha de otorgarles garantías jurídicas y sanitarias a ellas y a los profesionales. Por eso combina plazos e indicaciones para en las primeras catorce semanas garantizar el derecho de las mujeres a decidir y después hasta la semana veintidós un sistema de indicaciones para de forma combinada y equilibrada preservar la vida del feto y la de la madre gestante. Es muy significativo el dictamen del Consejo de Estado respecto de la constitucionalidad del proyecto respecto de que la decisión final sea de la mujer gestante.
El objetivo fundamental del Proyecto de Ley es reducir los embarazos no deseados y por tanto los abortos a través de la información, la educación y la prevención. Y por cierto prevé informar sobre las políticas de apoyo a la maternidad.
El proyecto es el resultado de un amplio trabajo parlamentario y del Comité de Personas Expertas en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, además se ha escuchado a diferentes colectivos e instituciones y se han tenido en cuenta los informes elaborados por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el del Consejo de Estado, todo ello para buscar el máximo consenso posible.
En nuestro país hace veinticinco años que está regulada la interrupción voluntaria del embarazo y los juicios morales emitidos cada vez que se aborda este tema no pueden ser amparados por el Estado de derecho. Las mujeres españolas necesitan que su país homologe la legislación con los países de nuestro entorno europeo. Por tanto no se está abriendo un debate sino que se está resolviendo una asignatura pendiente en el ámbito de los derechos de las mujeres.
Lo que ocurre me temo es que la derecha no cree ni en la libertad ni en la igualdad de las mujeres y cada vez que se debate un avance plantean una vuelta atrás que ni la izquierda ni las mujeres podemos consentir.