LA LEY SÍ OBLIGA

Les confieso que cada vez que tengo que escribir o hacer declaraciones públicas sobre la legislación relativa a la interrupción voluntaria de embarazo creo que va a ser la última vez, seguramente será porque las mujeres españolas hemos tenido que esperar mas de veinticinco años para tener una ley que garantizara nuestro derecho a decidir y que se pareciera a las leyes de los países de nuestro entorno. Pues bien, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva se aprobó en Las Cortes Generales con el apoyo mayoritario de los grupos políticos, todos a excepción del PP. Pero no, por lo visto la derecha reaccionaria de nuestro país no acepta lo que democráticamente no son capaces de ganar y mantienen su propia batalla fuera de los cauces que institucionalmente están establecidos.
Ahora es el Obispo de Burgos el que se hace eco del posicionamiento del PP llamando a la insumisión y atreviéndose a decir que “la ley no es ley, por eso no obliga”. La Ley sí es ley y sí obliga al Estado, y el Estado es la Administración Central y las Comunidades Autónomas, a garantizar la elección de las mujeres y a que la prestación se de con garantías jurídicas y sanitarias para ellas y para el personal que las atienda.
En democracia este tipo de comportamientos son inadmisibles por parte de quienes tienen la obligación, todos y todas, de acatar las leyes y son intolerables cuando se plantean por representantes del mayor partido de la oposición o de una creencia religiosa tratando de imponer sus criterios morales.
También algunos médicos reclaman un supuesto derecho a la objeción de conciencia que no cabe, sobre todo en el caso de Andalucía donde las intervenciones son en clínicas concertadas, y por tanto es manifiesta la falta de validez del registro de objetores del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, tal como ha manifestado la Consejera de Salud.
El dislate es tal que destacados miembros del PP han manifestado su rechazo a la Ley y hasta algunas de las Comunidades Autónomas por ellos gobernadas han propuesto medidas coercitivas a las mujeres que soliciten la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo.
El PP presentó recurso al Tribunal Constitucional, y están en su derecho, pero ya que no ha habido suspensión de la aplicación de la misma tal como reclamaban, les toca aplicar y someterse a los preceptos que en ella se contienen. Y claro, dar la cara ante la sociedad española que sabe que la derecha recurre todo lo que supone avance para la igualdad entre mujeres y hombres. Les recuerdo el recurso desestimado sobre la Ley de Igualdad que presentaron en su momento.
Por lo visto tenemos que seguir garantizando el derecho a decidir de las mujeres y por eso el PSOE con IU han pactado una resolución en el contexto del debate del Estado de la Nación “para que el desarrollo reglamentario de esta norma garantice la prestación en los centros públicos, así como que haya una regulación efectiva de la objeción de conciencia de los profesionales” con ello pretendemos una correcta aplicación de una norma que recuerdo que a quienes no obliga es a las mujeres a abortar sino que pretende reducir los abortos y, en su caso, cuando así lo decidan que lo puedan hacer con garantías.