DERECHO A DECIDIR

Mientras ustedes leen estas líneas estaremos debatiendo en el Senado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo y previsiblemente se aprobará con el consenso mayoritario de los grupos parlamentarios con la excepción del PP. Una vez más se quedaran solos en el Parlamento.
En nuestro país las mujeres en los tres supuestos conocidos y mediante una despenalización parcial pueden abortar desde el año 1985, (ya en la Segunda Republica podían hacerlo) y lo que hace ahora el Gobierno es adecuar la legislación a la situación actual y a la normativa internacional.
La Ley constituye un avance en relación a los derechos de las mujeres y homologa nuestra legislación a la de la mayoría de los países de nuestro entorno. El objetivo fundamental es evitar los embarazos no deseados y reducir el número de abortos a través de la información, la educación y la prevención.
La nueva regulación que combina plazos e indicaciones aportará seguridad jurídica y sanitaria a las mujeres afectadas y a los y las profesionales que las atienden, además de garantizar la equidad en el acceso a esta prestación sanitaria. Igualmente se desarrollará una estrategia de salud sexual y reproductiva que pretende el ejercicio de una sexualidad responsable.
El texto definitivo es fruto de un trabajo riguroso y de un gran debate, además de recoger las recomendaciones de numerosas personas expertas e instituciones.
Más allá de las convicciones particulares, que siempre han de tener el máximo respeto y consideración, al Estado le corresponde garantizar que esta prestación sanitaria, en eso consiste la interrupción voluntaria del embarazo, se pueda recibir con las debidas garantías jurídicas y sanitarias.
Se puede reconocer la realidad de la situación, 115.000 interrupciones de embarazo en el año 2009 según el Ministerio de Sanidad, o se puede manipular y engañar con debates falsos y manipulaciones más o menos macabras pero las mujeres que se encuentran ante esa decisión merecen las garantías sanitarias y jurídicas y, desde luego, que se respete su intimidad.
El PP se desmarca de la defensa de los derechos de las mujeres, de su libertad, de su derecho a decidir y utilizan, ellos y organizaciones reaccionarias afines, cualquier cosa como juzgar a las mujeres que interrumpen su embarazo, fabricar muñecos fetos, amenazar con la excomunión, editar videos con imágenes manipuladas, insultar a quienes no piensan como ellos, con la intención de ganar un debate que han perdido socialmente. La sociedad española sabe que la nueva Ley supone un gran avance en derechos para las mujeres, por los que desde hace años vienen luchando las organizaciones de mujeres, y un mayor progreso en los derechos humanos de nuestro país. Quiero que estas palabras sirvan de reconocimiento a la Ministra Aído, que ha sido insultada y difamada, porque con coraje y valentía ha asumido la responsabilidad de resolver una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia.