Hace unos días algunas zonas de nuestro país, en concreto del sureste peninsular, se vieron azotadas por fuertes lluvias que han causado grandes daños humanos y materiales en infraestructuras públicas y privadas y en la agricultura.
La fuerza de la naturaleza irrumpe en la actividad humana evidenciando con su potencia que siempre estamos expuestos a riesgos, y que somos vulnerables.
El respeto a la naturaleza forma parte del acervo cultural, pero en los tiempos presentes se da la espalda a la protección frente a determinados peligros y se sustituye por el desarrollismo y el consumismo hasta de nuestro propio paisaje.
Cuando pocas horas después de las riadas visité con compañeras /os del Grupo Parlamentario Almuñecar y Padul, vimos los lugares más dañados, hablamos con personas afectadas y compartimos con ellas la desolación por lo ocurrido y el miedo por lo que pudo ser peor.
En todas las conversaciones estaba, inevitablemente presente, si algo de lo ocurrido pudo haberse evitado y la coincidencia en que los mayores daños se han producido como consecuencia de construir en cauces y ramblas obstaculizando el curso de la naturaleza.
La creciente inquietud social respecto a las políticas urbanísticas inadecuadas está relacionada con la especulación del suelo y los delitos asociados, pero no somos lo suficientemente conscientes de que lo que está en juego es mucho más que eso, es nuestra propia vida, el escenario de nuestra experiencia humana, nuestro paisaje y nuestra identidad.
La sostenibilidad en las políticas ambientales y urbanísticas es un ejercicio de prudencia colectiva para detener la destrucción de nuestro hábitat y para reparar, en lo posible, el daño ya causado.
No es Almuñecar, como tampoco lo son muchos otros pueblos y ciudades, un ejemplo de urbanismo razonable y ojalá que esta terrible experiencia sirva para reconducir algunos de los descabellados planes de su alcalde.
Este verano estuve de vacaciones en Grecia, dos días después de nuestro regreso ocurrieron los terribles incendios. Cuando veía las imágenes de bosques destruidos, la amenaza sobre el patrimonio cultural y el pánico en las caras de sus habitantes, no podía dejar de pensar en el comportamiento de las instituciones griegas para abordar la terrible catástrofe que llegó a cobrarse numerosas vidas. Tanto la opinión pública como la prensa internacional denunciaron la poca capacidad del Estado para dar respuesta a la gravísima situación.
En las democracias avanzadas el estado debe hacer real el derecho a la seguridad personal y colectiva protegiendo a la ciudadanía frente a las amenazas y riesgos que se derivan de fenómenos naturales y debe dar una respuesta adecuada en situaciones de emergencia.
El sistema de protección civil en el que el voluntariado tiene un importante papel, tiene en nuestro país una larga y exitosa experiencia .Las administraciones también de acuerdo con sus competencias ejercen de prestadoras de ayudas a los afectados con objeto de paliar los daños, aunque muchos de ellos sean irreparables.
El Grupo Parlamentario Socialista de Granada en sendas iniciativas instó al Gobierno a poner en marcha los mecanismos que están previstos en nuestro ordenamiento jurídico para ayudar a las personas y localidades afectadas.
Todas las instituciones provinciales, Junta de Andalucía, Gobierno de España y Diputación, representadas por sus máximos responsables acudieron a los lugares afectados para iniciar los trabajos de evaluación y disponer de los instrumentos necesarios. Los Ayuntamientos afectados reclamaban la declaración de emergencia para sus municipios.
Y el viernes 28 de Septiembre el Consejo de Ministros aprobó la orden para la aplicación del decreto de emergencias.
A los poderes públicos les corresponde actuar con diligencia y eficacia para remediar en lo que le es propio el daño causado en catástrofes de esta naturaleza.
Pero también es su responsabilidad prevenirlas poniendo en marcha, de forma enérgica, los mecanismos necesarios legislando y ejecutando políticas públicas respetuosas con el medio ambiente y el paisaje natural y urbano.
La fuerza de la naturaleza irrumpe en la actividad humana evidenciando con su potencia que siempre estamos expuestos a riesgos, y que somos vulnerables.
El respeto a la naturaleza forma parte del acervo cultural, pero en los tiempos presentes se da la espalda a la protección frente a determinados peligros y se sustituye por el desarrollismo y el consumismo hasta de nuestro propio paisaje.
Cuando pocas horas después de las riadas visité con compañeras /os del Grupo Parlamentario Almuñecar y Padul, vimos los lugares más dañados, hablamos con personas afectadas y compartimos con ellas la desolación por lo ocurrido y el miedo por lo que pudo ser peor.
En todas las conversaciones estaba, inevitablemente presente, si algo de lo ocurrido pudo haberse evitado y la coincidencia en que los mayores daños se han producido como consecuencia de construir en cauces y ramblas obstaculizando el curso de la naturaleza.
La creciente inquietud social respecto a las políticas urbanísticas inadecuadas está relacionada con la especulación del suelo y los delitos asociados, pero no somos lo suficientemente conscientes de que lo que está en juego es mucho más que eso, es nuestra propia vida, el escenario de nuestra experiencia humana, nuestro paisaje y nuestra identidad.
La sostenibilidad en las políticas ambientales y urbanísticas es un ejercicio de prudencia colectiva para detener la destrucción de nuestro hábitat y para reparar, en lo posible, el daño ya causado.
No es Almuñecar, como tampoco lo son muchos otros pueblos y ciudades, un ejemplo de urbanismo razonable y ojalá que esta terrible experiencia sirva para reconducir algunos de los descabellados planes de su alcalde.
Este verano estuve de vacaciones en Grecia, dos días después de nuestro regreso ocurrieron los terribles incendios. Cuando veía las imágenes de bosques destruidos, la amenaza sobre el patrimonio cultural y el pánico en las caras de sus habitantes, no podía dejar de pensar en el comportamiento de las instituciones griegas para abordar la terrible catástrofe que llegó a cobrarse numerosas vidas. Tanto la opinión pública como la prensa internacional denunciaron la poca capacidad del Estado para dar respuesta a la gravísima situación.
En las democracias avanzadas el estado debe hacer real el derecho a la seguridad personal y colectiva protegiendo a la ciudadanía frente a las amenazas y riesgos que se derivan de fenómenos naturales y debe dar una respuesta adecuada en situaciones de emergencia.
El sistema de protección civil en el que el voluntariado tiene un importante papel, tiene en nuestro país una larga y exitosa experiencia .Las administraciones también de acuerdo con sus competencias ejercen de prestadoras de ayudas a los afectados con objeto de paliar los daños, aunque muchos de ellos sean irreparables.
El Grupo Parlamentario Socialista de Granada en sendas iniciativas instó al Gobierno a poner en marcha los mecanismos que están previstos en nuestro ordenamiento jurídico para ayudar a las personas y localidades afectadas.
Todas las instituciones provinciales, Junta de Andalucía, Gobierno de España y Diputación, representadas por sus máximos responsables acudieron a los lugares afectados para iniciar los trabajos de evaluación y disponer de los instrumentos necesarios. Los Ayuntamientos afectados reclamaban la declaración de emergencia para sus municipios.
Y el viernes 28 de Septiembre el Consejo de Ministros aprobó la orden para la aplicación del decreto de emergencias.
A los poderes públicos les corresponde actuar con diligencia y eficacia para remediar en lo que le es propio el daño causado en catástrofes de esta naturaleza.
Pero también es su responsabilidad prevenirlas poniendo en marcha, de forma enérgica, los mecanismos necesarios legislando y ejecutando políticas públicas respetuosas con el medio ambiente y el paisaje natural y urbano.
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