ARRANCA EL MILENIO

El Grupo Parlamentario Socialista de Granada en la Cortes Generales ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales para 2010 solicitando que se declare la celebración del Milenio del Reino de Granada acontecimiento de excepcional interés público, lo que va a permitir que las empresas y entidades que colaboren con el Consorcio, muy próxima ya su constitución, puedan acogerse a un conjunto de incentivos fiscales de acuerdo con la Ley de Mecenazgo durante un período de tres años (límite establecido para la declaración) desde Julio de 2010 a Julio de 2013, año decidido para la conmemoración. Esta es la fórmula prevista por la administración del Estado para apoyar efemérides de este tipo, como lo está haciendo con los actos conmemorativos del bicentenario de la Constitución de Cádiz.
Con esta iniciativa parlamentaria comienzan formalmente los trabajos preparatorios del Milenio y con los doscientos mil euros previstos por parte del Ministerio de Política Territorial para el Consorcio.
También está prevista la participación de la Junta de Andalucía a través de sus diferentes Consejerías, ya ha anunciado su compromiso la Consejera granadina Clara Aguilera de la Consejería de Agricultura, así como la de Presidencia, Ordenación del Territorio o Medio Ambiente.
El Reino de Granada excede la geografía de nuestra provincia pero está claro que a Granada le ha de corresponder el mayor protagonismo en la celebración.
El Gobierno de España, la Junta de Andalucía, las Diputaciones de Málaga, Jaén, Almería tendrán que participar en el Consorcio tal como está previsto, y
la contribución de todas las instituciones concernidas de nuestra provincia como son Ayuntamiento de Granada, Diputación y Universidad entre otras será imprescindible a la hora de disponer de los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos concretos que se irán decidiendo pero sobre todo para generar en las granadinas y granadinos la ilusión necesaria para toda celebración, para ello no sólo hace falta estar sino ser capaces de ponernos de acuerdo y trabajar por el interés
general .
No les puedo ocultar mi temor a que no seamos generosos con nosotros mismos y que nos despistemos con tanta discusión que nos impida compartir el camino para hacer del Milenio una oportunidad de poner a Granada en la vanguardia de las ciudades modernas aprovechando nuestras fortalezas como son nuestros recursos culturales, que hay que poner a punto con ocasión de la celebración, y por supuesto nuestro paisaje sin olvidar que las fechas coincidirán con la finalización de las grandes infraestructuras ahora en ejecución.
Muy pronto David Aguilar y su equipo tendrán que presentar proyectos que hemos de hacer nuestros toda la ciudadanía de Granada y estoy segura que servirán para que Granada tenga un mejor futuro.

SEGURIDAD Y COOPERACION

La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) es una organización internacional de carácter regional cuyos objetivos son el fomento de la paz, la seguridad, la justicia y la cooperación en Europa. Nació formalmente en Helsinki en 1975, tras la llamada guerra fría y está formada por cincuenta y seis países incluyendo los de la Unión Europea, la Federación Rusa, Asia Central y Norteamérica (USA y Canadá).
Escribo estas líneas desde Atenas donde estoy asistiendo, como miembro de la Delegación Española formada por nueve parlamentarios de todas las formaciones políticas, a la reunión de otoño de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE que integran trescientos diecisiete parlamentarios de los países miembros y que en esta ocasión se ha dedicado a debatir sobre el cambio climático y los desafíos relacionados con la próxima Conferencia de Copenhague.
Las principales tareas de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE que preside el portugués Mario Soares son la promoción del dialogo interparlamentario para el fortalecimiento de la democracia en los países miembros, las cuestiones relacionadas con los conflictos regionales, los derechos humanos o la igualdad de género además de que los miembros de la asamblea tienen encomendada la tarea de realizar observación electoral en los países de la región.
Los debates e intervenciones han sido muy interesantes y dirigidos a activar las posiciones de los diferentes países, siempre mediadas por los intereses nacionales, ante la reunión de Copenhague donde se deben adquirir compromisos importantes para la humanidad ante los retos medioambientales y energéticos.
Ha tenido lugar también una reunión del Fórum Mediterráneo de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE que tiene como objetivo el fortalecimiento de la cooperación entre los países de esta región.
La reunión de Atenas se ha desarrollado en un momento político muy especial para Grecia porque ha coincidido con la celebración de las elecciones generales cuyo resultado ha supuesto la victoria del partido socialista griego y la vuelta al poder del Presidente Papandreu, por lo que están inmersos en pleno proceso de constitución del nuevo Parlamento, de hecho en la visita al Parlamento Helénico fuimos recibidos por el Presidente Sioufas en el que ha sido su último acto oficial como presidente de la Cámara.
Dentro del Grupo Socialista de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE hemos podido compartir la alegría no sólo de los griegos, también de los portugueses por su reciente victoria electoral y los españoles hemos vivido con mucha satisfacción que los socialistas de la OSCE consideren a Felipe González como el mejor candidato para presidir el Consejo Europeo.

VUELTA ATRÁS

La manifestación convocada el pasado sábado por algunas organizaciones de las llamadas pro-vida, la Iglesia Católica y el Partido Popular en contra del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo pone de manifiesto algo que ya les había comentado, que las críticas en apariencia legítimas esconden mentiras y manipulaciones.
Quienes argumentan para estar en contra de la nueva Ley dicen defender la vida como si el proyecto en trámite no lo hiciera, cuando su contenido defiende la vida prenatal y también la de las mujeres que se ven ante esa difícil decisión en la que el Estado ha de otorgarles garantías jurídicas y sanitarias a ellas y a los profesionales. Por eso combina plazos e indicaciones para en las primeras catorce semanas garantizar el derecho de las mujeres a decidir y después hasta la semana veintidós un sistema de indicaciones para de forma combinada y equilibrada preservar la vida del feto y la de la madre gestante. Es muy significativo el dictamen del Consejo de Estado respecto de la constitucionalidad del proyecto respecto de que la decisión final sea de la mujer gestante.
El objetivo fundamental del Proyecto de Ley es reducir los embarazos no deseados y por tanto los abortos a través de la información, la educación y la prevención. Y por cierto prevé informar sobre las políticas de apoyo a la maternidad.
El proyecto es el resultado de un amplio trabajo parlamentario y del Comité de Personas Expertas en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, además se ha escuchado a diferentes colectivos e instituciones y se han tenido en cuenta los informes elaborados por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el del Consejo de Estado, todo ello para buscar el máximo consenso posible.
En nuestro país hace veinticinco años que está regulada la interrupción voluntaria del embarazo y los juicios morales emitidos cada vez que se aborda este tema no pueden ser amparados por el Estado de derecho. Las mujeres españolas necesitan que su país homologe la legislación con los países de nuestro entorno europeo. Por tanto no se está abriendo un debate sino que se está resolviendo una asignatura pendiente en el ámbito de los derechos de las mujeres.
Lo que ocurre me temo es que la derecha no cree ni en la libertad ni en la igualdad de las mujeres y cada vez que se debate un avance plantean una vuelta atrás que ni la izquierda ni las mujeres podemos consentir.

MÁS DEBATE SOBRE EL ABORTO

Cuando la semana pasada escribía sobre este mismo tema traté de compartir con ustedes la preocupación por el tono y los desvaríos que se están produciendo sobre el Proyecto de Ley de salud sexual y reproductiva ya aprobado por el gobierno. Mentiras y manipulaciones sobre el contenido de la Ley y reacciones por parte de personas y colectivos que hacen de su legítima opinión apología antiabortista y son capaces de no sólo juzgar a quienes se ven en esa situación sino de manipular la verdad diciendo que se está fomentando el aborto y hasta son capaces de utilizar los insultos y la manipulación de imágenes y hasta de mandar fabricar muñecos con forma de feto con los que nos amenazan a quienes creemos necesario tener una nueva regulación sobre interrupción voluntaria de embarazo y de prevención de embarazos no deseados con garantía para mujeres y profesionales.
Parece que el aborto lo acaba de sacar el Gobierno por capricho y se ignora que las mujeres españolas podían abortar desde la segunda Republica y que se volvió a regular en el año 1985 y de lo que ahora se trata es de hacer una Ley que se homologe con la de otras legislaciones de países de nuestro entorno. Frente a tanta manipulación es necesario un poco de rigor sobre el contenido del proyecto que es desde luego una ley necesaria, meditada y equilibrada para garantizar los derechos de las mujeres y para proteger la vida prenatal y que contiene además medidas de información sobre las políticas a favor de la maternidad.
La Ley establece un sistema de plazos complementado con indicaciones. La mujer podrá decidir libremente en las primeras catorce semanas con los requisitos de que se le entregará información sobre ayudas a la maternidad, sobre la intervención y después de tres días de recibida podrá tomar la decisión. Entre la catorce y la veintidós semana la interrupción será posible si existe riesgo grave para la salud de la mujer o de graves anomalías en el feto. A partir de la veintidós semana sólo será posible la interrupción cuando se diagnostiquen en el feto anomalías incompatibles con la vida. En todos los casos está prevista la intervención de profesionales y deberá existir consentimiento escrito además de realizarse en un centro acreditado. Este es el contenido muy resumido de la Ley, además de que la última decisión en el caso de jóvenes mayores de dieciséis años va a corresponder a ellas.
Ahora empieza el trámite parlamentario y serán los diferentes grupos los que sin duda en Cortes Generales ajustaran la Ley, mientras el PP y la jerarquía eclesiástica católica llaman a manifestarse contra el proyecto , que lo hagan, están en su derecho, pero que no manipulen la verdad.

EL DEBATE SOBRE EL ABORTO

Acaba de empezar el tramite parlamentario del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con la aprobación del texto por el Consejo de Ministros del sábado pasado, pero social y públicamente desde que el PSOE asumió su compromiso de revisar la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo, vigente desde hace casi veinticinco años, se han vertido muchas opiniones y se han hecho valoraciones no ajustadas al contenido de la propuesta y lo que es peor dirigidas a fomentar actitudes intransigentes hacia las mujeres afectadas y por supuesto devaluando la tarea de poner al Estado a hacer su función de garante de la libertad y la seguridad de las personas.
Claro que no digo nada nuevo si digo que la manera de acercase a la realidad del aborto tiene consideraciones éticas y morales y profundamente ideológicas.
El debate internacional sobre este tema está situado en el ámbito del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad están muy relacionadas con la defensa de los valores de la igualdad entre mujeres y hombres y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
En un asunto como éste se trata no de negar, juzgar, mentir sino de reconocer, respetar, garantizar los derechos de las mujeres afectadas y de los profesionales que las atienden.
Se trata de garantizar la equidad territorial de la prestación, todo ello con el máximo respeto al marco constitucional, se conoce la posición del Consejo de Estado, además de hacerlo de forma parecida a como está regulado en los países de nuestro entorno.
El proyecto de Ley que inicia su estancia en Las Cortes Generales es una ley que busca en primer lugar reducir los embarazos no deseados y, por tanto, los abortos y contiene toda una estrategia para reducir las interrupciones voluntarias de embarazo mediante la información, la educación y la prevención. Además ofrece información de las medidas de apoyo a la maternidad.
La ley es equilibrada en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres, su dignidad, su libertad, su intimidad pero también protege adecuadamente la vida prenatal y lo hace mediante una combinación de plazos e indicaciones.
Me reconforta pensar que el posicionamiento político de los diferentes grupos parlamentarios ante el dictamen de la Comisión de Igualdad consiga el consenso necesario a la mayor parte de los contenidos de la propuesta, aunque como es obvio se puede mejorar. Además me parece muy lógico que hayan sido los grupos del espectro de la izquierda los que vayan a apoyar el proyecto. No es, ni ha sido de rosas el camino, pero izquierda y feminismo caminan juntos.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL

Recientemente ha vuelto a saltar a la arena pública el debate sobre la prostitución seguramente por la alarma generada ante la exhibición del ejercicio de la prostitución en el barrio del Raval de Barcelona, ello ha vuelto a generar ríos de tinta en los medios de comunicación y hasta iniciativas en las Cortes Generales.
Las dos posturas conocidas sobre si legalizar esta actividad o luchar para la erradicación además de simplificadoras enmascaran la realidad de un fenómeno muy complejo y que en estos momentos está vinculado a la globalización de los mercados y de la delincuencia y a la conexión entre la industria del ocio y el llamado turismo sexual que se relaciona con un aumento de la demanda de prostitución. Demanda de prostitución que es obligado disminuir, no sólo por sentido común, si queremos garantizar los derechos humanos, sino por cumplir los compromisos internacionales como el Convenio contra la trata de seres humanos de Consejo de Europa ratificado por nuestro país.
La prostitución preocupa en la opinión pública sobre todo por los problemas de convivencia que genera, y se analiza desde la actividad de las mujeres que la ejercen, pero las políticas públicas requieren una mirada más amplia y para ello es necesario entenderla como un sistema de varios elementos que se interrelacionan como son los clientes, intermediarios (empresarios, proxenetas, redes de trafico) y las mujeres prostituidas.
En las Cortes Generales se ha debatido a fondo este fenómeno, se aprobaron las conclusiones de la Ponencia sobre “El estudio de la situación de la prostitución en España” en Abril de 2007 por una mayoría parlamentaria muy amplia (PSOE, PP, CIU y PNV),de acuerdo con este mandato el Consejo de Ministros del día 15 de Diciembre de 2008 aprobó el “Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual” que contiene 61 medidas centrando su esfuerzo en tres ejes fundamentales: lucha contra las mafias, asistencia social a las víctimas y sensibilización, prevención y coordinación.
Este fenómeno es difícil de combatir, y para ello todas las administraciones tienen su papel; los ayuntamientos que deben garantizar la convivencia disuadiendo la presencia de prostitución en los espacios públicos y colaborando en la disminución de la oferta y la demanda de prostitución y las Comunidades Autónomas desplegando los servicios de atención integral a las víctimas en su territorio.
También los medios de comunicación contribuyendo con la no publicación de anuncios que incrementan y fomentan la demanda.
En un estado de derecho el objetivo debe ser disminuir el número de víctimas del tráfico y la trata con fines de explotación sexual y priorizar la atención a las víctimas. El camino hacia este objetivo pasa por una sociedad sensibilizada que no acepte la explotación sexual rechazando la normalización del consumo de prostitución. Al conjunto de la sociedad le corresponde preguntarse si podemos convivir con este tipo de prácticas contrarias a la dignidad humana y que constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, un fenómeno al que ya, ONU denomina la esclavitud del siglo XXI.
El día 23 de Septiembre se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual

vandalismo juvenil

El bochornoso espectáculo que nos ofrecieron la pasada semana un grupo de jóvenes en el municipio de Pozuelo protagonizando unos actos vandálicos que causaron no sólo destrozos en el mobiliario urbano y disturbios sino incluso heridos, tiene todo el rechazo de quienes creemos en la convivencia pacífica y el disfrute colectivo de los espacios públicos.
Pero causa aún mayor vergüenza el comportamiento de los progenitores de estos gamberros que han reaccionado de la peor forma desde el punto de vista del respeto a las normas de convivencia pero también, y esto es aún más penoso, en su comportamiento como padres y por tanto responsables últimos de los actos que ejecutan sus hijos menores.
Si tal como recoge el atestado policial se produjeron “cinco horas de escaramuzas…no cesando en ningún momento de lanzar objetos contra los agentes “, todo ello con las consecuencias conocidas de destrozos y lesiones al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estamos ante hechos muy graves que merecen reproche social y legal pero también moral. Los ayuntamientos pueden y deben prohibir el botellón en las calles, las comunidades autónomas también tienen su papel, la presencia policial como en este caso tiene que garantizar la seguridad colectiva, pero no son los antidisturbios, ni los policías locales, ni la policía nacional, ni la guardia civil, ni siquiera el profesorado en exclusiva quienes deben trasmitir los valores de respeto a los demás y de responsabilidad individual a nuestros jóvenes, padres y madres tienen que
asumir su responsabilidad y en su caso sancionar y poner límites a conductas tan deleznables.
Por ello espanta que ante la, a mí modo de ver tímida, condena del juez a siete de los jóvenes detenidos prohibiéndoles la asistencia a fiestas después de las diez de la noche, y como es obvio la obligación de los padres de asumir la responsabilidad social derivada de esos actos vandálicos, hayan anunciado su recurso a la decisión judicial y lo hayan hecho con el argumento de que sus hijos tienen “un comportamiento social equilibrado y una trayectoria normal en sus estudios y en sus vidas”.Verdaderamente es flaco el favor que les hacen a sus hijos.
Urge que los padres y las madres ejerzan sus funciones, también es necesario un gran debate público que nos conduzca a ese gran pacto social por la educación que está proponiendo el Gobierno, no sólo porque es necesario un cambio en el modelo productivo sobre todo porque no hay sociedad avanzada sin ciudadanos libres y responsables y sin acatamiento al imperio de la ley. Me temo que esto no se arregla rebajando la edad penal a los doce años ni dando la consideración de autoridad pública a los profesores y profesoras que ya tienen bastante con contrarrestar los mensajes que algunos jóvenes reciben en casa.