vandalismo juvenil

El bochornoso espectáculo que nos ofrecieron la pasada semana un grupo de jóvenes en el municipio de Pozuelo protagonizando unos actos vandálicos que causaron no sólo destrozos en el mobiliario urbano y disturbios sino incluso heridos, tiene todo el rechazo de quienes creemos en la convivencia pacífica y el disfrute colectivo de los espacios públicos.
Pero causa aún mayor vergüenza el comportamiento de los progenitores de estos gamberros que han reaccionado de la peor forma desde el punto de vista del respeto a las normas de convivencia pero también, y esto es aún más penoso, en su comportamiento como padres y por tanto responsables últimos de los actos que ejecutan sus hijos menores.
Si tal como recoge el atestado policial se produjeron “cinco horas de escaramuzas…no cesando en ningún momento de lanzar objetos contra los agentes “, todo ello con las consecuencias conocidas de destrozos y lesiones al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estamos ante hechos muy graves que merecen reproche social y legal pero también moral. Los ayuntamientos pueden y deben prohibir el botellón en las calles, las comunidades autónomas también tienen su papel, la presencia policial como en este caso tiene que garantizar la seguridad colectiva, pero no son los antidisturbios, ni los policías locales, ni la policía nacional, ni la guardia civil, ni siquiera el profesorado en exclusiva quienes deben trasmitir los valores de respeto a los demás y de responsabilidad individual a nuestros jóvenes, padres y madres tienen que
asumir su responsabilidad y en su caso sancionar y poner límites a conductas tan deleznables.
Por ello espanta que ante la, a mí modo de ver tímida, condena del juez a siete de los jóvenes detenidos prohibiéndoles la asistencia a fiestas después de las diez de la noche, y como es obvio la obligación de los padres de asumir la responsabilidad social derivada de esos actos vandálicos, hayan anunciado su recurso a la decisión judicial y lo hayan hecho con el argumento de que sus hijos tienen “un comportamiento social equilibrado y una trayectoria normal en sus estudios y en sus vidas”.Verdaderamente es flaco el favor que les hacen a sus hijos.
Urge que los padres y las madres ejerzan sus funciones, también es necesario un gran debate público que nos conduzca a ese gran pacto social por la educación que está proponiendo el Gobierno, no sólo porque es necesario un cambio en el modelo productivo sobre todo porque no hay sociedad avanzada sin ciudadanos libres y responsables y sin acatamiento al imperio de la ley. Me temo que esto no se arregla rebajando la edad penal a los doce años ni dando la consideración de autoridad pública a los profesores y profesoras que ya tienen bastante con contrarrestar los mensajes que algunos jóvenes reciben en casa.