Hace unos pocos meses cuando el Presidente Zarkozy planteó la prohibición del uso del velo, en sus variantes más extremas como son el burka y el niqab, en los espacios públicos franceses, ya imaginábamos que este debate enseguida se presentaría en nuestro país. Será la proximidad geográfica lo que ha hecho que sea en Cataluña donde de forma más viva se está produciendo el mismo, hasta el punto de que se habla de la cruzada catalana contra el burka. Pero las iniciativas de municipios y ciudades catalanas, ya se están extendiendo a otros lugares de nuestra geografía y ya ha sido presentada una moción por el partido popular en el Senado sobre este controvertido tema.
Reconociendo que el republicanismo francés y su comprensión de la religión como un asunto privado facilita mucho el debate y que en nuestro país las cosas son mucho más difíciles por las tradicionales y singulares relaciones de la iglesia católica con el estado, la verdad es que una vez más estamos ante una situación que hay que abordar.
La anunciada Ley de Libertad Religiosa que en breve presentará el Gobierno vendrá sin duda a clarificar muchos aspectos y abundar en la garantía de libertad religiosa y en los aspectos privados de la religiosidad, así como en buscar en la laicidad del Estado la garantía de ese derecho de todos y todas a la libertad religiosa.
Mientras tanto, en nuestras ciudades hay mujeres que hacen uso de prendas que dificultan su identificación y su seguridad personal y los ayuntamientos están esperando una respuesta de las administraciones del Estado para ellos poder intervenir de acuerdo con sus competencias.
Este debate es altamente delicado porque en él mismo confluyen razones culturales, religiosas y sobre todo porque el uso de esas prendas supone un reto a enfrentar en la convivencia ciudadana de muchos municipios. El cuidado extremo a la hora de abordar este tema, nos tiene que garantizar el respeto escrupuloso de los derechos, y también, como siempre en democracia, a exigir el cumplimiento de deberes para con la comunidad en la que viven estas mujeres y que se tienen que basar en valores y normas compartidas, muchas de las cuales tienen como objetivo garantizar la seguridad de todos y todas.
Por eso soy favorable a la limitación del uso de prendas que pongan en riesgo la seguridad personal o colectiva en los espacios públicos. Además, creo que debemos acordarlo en el ámbito de las relaciones parlamentarias e institucionales.
Hay que tener cuidado con las tentaciones electoralistas y ser muy escrupulosos en los argumentos y en las medidas, porque la limitación del uso de esas prendas debe buscar la igualdad como garantía de la libertad de las mujeres que las llevan y evitar la estigmatización de sus portadoras.
miércoles, 16 de junio de 2010
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