EXCUSAS COMPLICES

Ante la violencia no hay excusa que valga. No caben las disculpas, las justificaciones o los subterfugios. En nuestra sociedad, en un Estado democrático y de derecho como el nuestro y por acatamiento a la legalidad vigente, sólo es posible la condena y denuncia ante atentados contra el derecho a la vida y la dignidad de las personas. Quizás sólo a las victimas les esté permitido no denunciar o fabricar coartadas, a los demás nos corresponde condenar y denunciar cualquier acto de violencia del que tengamos conocimiento.
La renuncia al derecho a denunciar legalmente de las victimas de violencia de género que se justifica por las secuelas del maltrato y el miedo que de ello se deriva, sirve de excusa para justificar determinados comportamientos con otra disculpa: la de que se produce en un ámbito privado, una palabra contra otra. Viene a completar la coartada la defensa legítima de la garantía de los derechos del acusado.
La denuncia legal o al menos social es un requerimiento de nuestra moral como individuos, como grupo o como sociedad. Si se comparten los valores que han inspirado las leyes sobre violencia de género y de igualdad no hay excusa posible, ningún interés se puede anteponer a la defensa de los derechos humanos de las víctimas, que están antes que las tradiciones, la familia, la religión, la ideología o la cultura. Las justificaciones no ayudan a las víctimas que no denuncian, que siguen siendo muchas, a confiar en que el Estado las protegerá y de eso todos, con nuestras excusas, somos culpables.
El caso de Otura es un ejemplo reciente y cercano de excusas cómplices ante la violencia de género. En esta ocasión estamos ante un hecho que ha tenido su recorrido legal y judicial en el que un concejal ha sido condenado por violencia de género tras la aplicación de las leyes españolas. Con el cumplimento de su condena, localización permanente, ha cumplido con la Justicia, pero moralmente no cabe ejercicio de actividad pública en quién es culpable de violencia de género por ese plus de responsabilidad que tenemos los que nos dedicamos a la política y que consiste en respetar ejemplarmente las leyes y los valores cívicos, cuyo acatamiento los partidos políticos deben exigir. La justificación se sostiene en que es un asunto privado y que ha sido condenado por falta. Desde que se aprobó la Ley Integral en España la violencia de género es un asunto público que a todos nos concierne y las faltas son infracciones penales recogidas en el Código penal.
El Sr. Anguita del Grupo Independiente de Otura (GIO) sigue en el ejercicio de sus funciones porque no ha tenido la decencia política de dimitir y el PP al que apoya en el gobierno municipal está siendo cómplice de esta situación porque su Alcalde no lo cesa por interés de mantener la alcaldía en su poder. Espero y reclamo al PP provincial que tome medidas de inmediato. También me preocupa el silencio informativo sobre este asunto. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en el rechazo social a la violencia de género.